Universidad de Alicante (2)

1. ¿Son interesados, según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución?:

a) Sí, en todo caso. b) Sí, sólo si se personan en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva. c) Sí, aunque haya recaído resolución definitiva en tanto sea impugnable en vía contencioso-administrativa. d) Sí, pero sólo si actúan mediante representante.

2. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuáles de estos no son derechos de las personas en sus relaciones con las Administraciones Públicas?:

a) Derecho a exigir las responsabilidades de las Administraciones Públicas y autoridades, cuando así corresponda legalmente. b) Derecho a utilizar las lenguas oficiales en el territorio de su comunidad autónoma, de acuerdo con lo previsto en esta Ley y en el resto del ordenamiento jurídico. c) Derecho a la resistencia, excusa o negativa a las actuaciones de la Administración pública. d) Derecho a la protección de datos de carácter personal.

3. Según el artículo 14 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, los siguientes sujetos:

a) Todas las personas físicas. b) Las personas jurídicas, pero únicamente si su volumen de negocios supera los 100.000 euros. c) Cualquier persona que ejerza una actividad profesional con independencia de su colegiación. d) Los notarios.

4. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el cómputo del plazo de los procedimientos iniciados de oficio se contará:

a) Desde el día siguiente a la notificación del acuerdo de iniciación. b) Desde la fecha del acuerdo de iniciación. c) Desde la orden de iniciación del superior jerárquico. d) Desde que surta efecto el acuerdo de iniciación.

5. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, produce el siguiente efecto:

a) La caducidad del procedimiento en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables. b) El silencio administrativo estimatorio en el caso de ejercicio de potestades sancionadoras o, en general, de intervención, susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen. c) La terminación transaccional del procedimiento. d) El silencio administrativo desestimatorio en el caso de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas favorables.

6. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en relación con los plazos computados en meses o años:

a) Se computarán a partir del día de la notificación del acto de que se trate. b) El plazo concluirá el día siguiente en que se produjo la notificación, publicación o silencio administrativo en el mes o el año de vencimiento. c) Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el último día del mes. d) Si en el mes de vencimiento no hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que el plazo expira el primer día del mes siguiente.

7. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿qué tipo de actos deberán ser motivados, con sucinta referencia de hechos y fundamentos de derecho?:

a) Los actos que confirmen el criterio seguido en actuaciones precedentes o del dictamen de órganos consultivos. b) Los actos que concedan derechos subjetivos o intereses legítimos. c) Los acuerdos de suspensión de actos. d) Los actos que admitan pruebas propuestas por los interesados.

8. ¿Cuál de estas afirmaciones es correcta en relación con las notificaciones según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

a) Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de quince días a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado. b) Será suficiente la notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como dos intentos de notificación infructuosa. c) El rechazo de la notificación de una actuación administrativa por el interesado o su representante impide dar por efectuado el trámite. d) Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado en la sede electrónica de la Administración u organismo actuante para que pueda acceder al contenido de las mismas de forma voluntaria.

9. Cuáles de estos actos son nulos de pleno derecho según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

a) Los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieren facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición. b) Los actos dictados por órgano incompetente por razón jerárquica. c) Los actos constitutivos de infracción administrativa o que se dicten como consecuencia de esta. d) Los actos con irregularidades en el procedimiento administrativo.

10. ¿En qué plazo deben emitirse los informes según el artículo 80 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

a) En diez días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. b) En quince días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. c) En veinte días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor. d) En treinta días, salvo que una disposición o el cumplimiento del resto de los plazos del procedimiento permita o exija otro plazo mayor o menor.

11. ¿Cuál de estas situaciones no pone fin al procedimiento administrativo, según el artículo 84 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

a) La caducidad. b) La resolución. c) El desistimiento. d) El arbitraje convencional.

12. ¿Cuál es el plazo para que las Administraciones declaren de oficio la nulidad de los actos administrativos que hayan puesto fin a la vía administrativa o que no hayan sido recurridos en plazo, en los supuestos previstos en el artículo 47.1 de la Ley 39/2015?:

a) 4 años. b) 10 años. c) No hay plazo, en cualquier momento. d) El plazo de prescripción.

13. ¿Cuál de estas afirmaciones es cierta en relación con el recurso potestativo de reposición regulado en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas?:

a) El plazo para la interposición del recurso de reposición será de un mes, si el acto fuera expreso. b) El plazo máximo para dictar y notificar la resolución del recurso será de tres meses. c) Transcurrido el plazo para interponer recurso potestativo de reposición, podrá interponerse recurso de alzada. d) Se interpone recurso de reposición contra los actos administrativos que no pongan fin a la vía administrativa.

14. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no establece como uno de sus objetos:

a) La regulación de las bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas. b) Los principios de la potestad sancionadora de las Administraciones Públicas. c) La organización y funcionamiento de la Administración General del Estado. d) El régimen económico-financiero del sector público estatal.

15. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en su artículo 3, las Administraciones Públicas deberán respetar en su actuación y relaciones, entre otros, el siguiente principio:

a) Sigilo profesional en el ejercicio de sus funciones. b) Simplicidad, claridad y proximidad a los ciudadanos. c) Jerarquía y coordinación en la gestión. d) Descentralización, independencia y coordinación interadministrativa.

16. El artículo 8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del SectorPúblico, establece, respecto a la competencia:

a) Que no la podrán ejercer órganos colegiados administrativos. b) Que será renunciable cuando se alegue imposibilidad material para su ejercicio. c) Que es irrenunciable y la ejercerán los órganos administrativos que la tengan atribuida como propia. d) Que se ejercerá sin posibilidad de desconcentración en órganos interdepartamentales.

17. Según el artículo 12 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la delegación de firma:

a) Supone la delegación de la competencia del órgano delegante. b) No alterará la competencia del órgano delegante. c) Para su validez es necesario publicarla en algún diario oficial. d) No procede para la firma de resoluciones y actos administrativos de carácter sancionador.

18. Según el artículo 23 la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, no es motivo de abstención en un procedimiento administrativo:

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquel. b) Tener enemistad manifiesta con algún interesado que intervenga en el procedimiento. c) Tener situación de hecho asimilable al vínculo matrimonial, con cualquiera de los interesados que intervengan en el procedimiento. d) Haber tenido relación de servicio profesional con un familiar de segundo grado de consanguinidad la persona jurídica interesada directamente en el asunto en los cinco últimos años.

19. El artículo 16 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece que la función de certificar las actuaciones del órgano colegiado recae sobre:

a) El secretario del órgano colegiado. b) El presidente del órgano colegiado. c) La persona que designe el órgano colegiado. d) La máxima autoridad de la Administración dónde se encuentre adscrito el órgano colegiado.

20. El artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, se establece que de cada sesión que celebre el órgano colegiado:

a) Levantará acta el secretario o secretaria. b) Levantará acta la persona que ejerce la presidencia. c) Se archivará necesariamente en formato audio como prueba de celebración de la sesión. d) Se considerará válidamente constituida si asiste una mayoría cualificada de sus miembros más el secretario o secretaria.

21. Señale qué contrato no se encuentra tipificado en la sección 1ª, capítulo II de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:

a) Contrato de concesión de servicios. b) Contrato de armonización de obras. c) Contratos mixtos. d) Contrato de concesión de obras.

22. Según el artículo 15 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, el contrato en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, se denomina:

a) De concesión de servicios. b) De concesión de obras. c) De servicios. d) De suministro.

23. La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, no considera contrato de suministro:

a) Los de fabricación, por los que la cosa o cosas que hayan de ser entregadas por el empresario deban ser elaboradas con arreglo a características peculiares fijadas previamente por la entidad contratante. b) Los que tengan por objeto la adquisición o el arrendamiento de equipos y sistemas de telecomunicaciones o para el tratamiento de la información, sus dispositivos y programas, y la cesión del derecho de uso de estos últimos. c) Los que tengan por objeto la adquisición de energía transformada. d) Aquellos cuyo objeto son prestaciones dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro.

24. Según el artículo 18 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, ¿se puede celebrar un contrato que contenga prestaciones propias de dos o más contratos de obras, suministros o servicios?

a) En ningún caso. b) En la figura de contrato mixto. c) No se contempla la regulación de esta tipología de contratos en esa ley. d) En la figura de contrato de prestación de servicios dual.

25. Según el artículo 29 de la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, los contratos menores definidos en el apartado primero del artículo 118:

a) No podrán tener una duración superior a un año ni ser objeto de prórroga. b) Podrán tener una duración superior a un año, pero no podrán ser objeto de prórroga. c) No podrán tener una duración inferior a un año ni ser objeto de prórroga. d) No podrán tener una duración superior a un año, pero podrán ser objeto de prórroga.