Madrid examen administrativo 2026

1.- Señale la respuesta correcta en relación a la declaración de los estados de alarma, excepción y sitio, regulados en el artículo 116 de la Constitución Española:

a) Se procederá a la disolución automática del Congreso mientras estén declarados algunos de los estados comprendidos en el presente artículo. b) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, dando cuenta al Congreso de los Diputados. c) El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización del Congreso de los Diputados. d) La autorización y proclamación del estado de excepción deberá determinar expresamente los efectos del mismo, el ámbito territorial a que se extiende y su duración, que no podrá exceder de quince días, prorrogables por otro plazo igual, con los mismos requisitos.

2.- Según lo dispuesto en el artículo 91 de la Constitución Española, señale en qué plazo sancionará el Rey las leyes aprobadas por las Cortes Generales:

a) En diez días. b) En quince días. c) En veinte días. d) En treinta días.

3.- Indique la respuesta correcta en relación a las incompatibilidades que establece el artículo 127.1 de la Constitución Española, para los Jueces y Magistrados, así como a los Fiscales, mientras se hallen en activo:

a) Podrán desempeñar otros cargos públicos cuando la presencia efectiva en el segundo puesto de trabajo tenga la consideración de prestación a tiempo parcial. b) No podrán pertenecer a partidos políticos o sindicatos. c) No podrán desempeñar actividades profesionales relacionadas con la docencia o la investigación universitaria. d) Mediante Decreto acordado en Consejo de Ministros se establecerá el sistema y modalidades de asociación profesional de los Jueces, Magistrados y Fiscales.

4.- De conformidad con el artículo 164.1 de la Constitución Española, las sentencias del Tribunal Constitucional que declaren la inconstitucionalidad de una ley:

a) Tienen efectos únicamente para los ciudadanos que interpusieron el recurso. b) Tienen el valor de cosa juzgada desde el momento en que se dicta. c) Admiten recurso de amparo. d) Tienen pleno efecto frente a todos.

5.- De conformidad con el artículo 103.2 de la Constitución Española, los órganos de la Administración del Estado son creados, regidos y coordinados:

a) De acuerdo con la Ley. b) Por Real Decreto del Consejo de Ministros. c) Mediante Ley Orgánica. d) Por Orden Ministerial.

6.- El artículo 140 de la Constitución Española, garantiza la autonomía de:

a) Los municipios. b) Los municipios y las provincias. c) Las provincias. d) Los municipios, de las provincias y de otras agrupaciones territoriales diferentes de las provincias, como los archipiélagos.

7.- El artículo 251 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, establece que el Tribunal de Justicia actuará en:

a) Sala general, Sala especializada o en Gran Sala. b) Salas especializadas o en Gran Sala. c) Sala general, Gran Sala y sala intermedia. d) Salas o en Gran Sala.

8.- De acuerdo al artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, son no vinculantes:

a) Las directivas y los dictámenes. b) Las recomendaciones y los dictámenes. c) Las recomendaciones y las directivas. d) Las directivas y las decisiones.

9.- De conformidad con el artículo 18 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, señale cuál de estas opciones es la correcta en relación con los órganos colegiados:

a) Podrán grabarse las sesiones que celebre, sólo si el órgano lo acuerda previamente y deberá conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros. Solo tendrá acceso el Presidente y el Secretario del órgano colegiado. b) Podrán grabarse las sesiones que celebre y deberán conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado. c) Podrán grabarse las sesiones que celebre y deberá conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros. Solo tendrá acceso el Presidente y el Secretario del órgano colegiado. d) Podrán grabarse las sesiones que celebre sólo si el órgano lo acuerda previamente y deberá conservarse de forma que se garantice la integridad y autenticidad de los ficheros y el acceso a los mismos por parte de los miembros del órgano colegiado.

10.- Según el artículo 22 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique en cuál de los siguientes casos, el transcurso del plazo máximo legal para resolver un procedimiento y notificar la resolución se podrá suspender:

a) Cuando exista un procedimiento no finalizado en el ámbito de la Unión Europea que condicione directamente el contenido de la resolución de que se trate, desde que se tenga constancia de su existencia, lo que deberá ser comunicado a los interesados, hasta que se resuelva, lo que también habrá de ser notificado. b) Cuando deban realizarse pruebas técnicas propuestas por los interesados, con un tiempo máximo de un mes para la incorporación de los resultados al expediente. c) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de la misma Administración, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente. d) Cuando se soliciten informes preceptivos a un órgano de distinta Administración, durante el tiempo necesario para la incorporación de los resultados al expediente.

11.- De conformidad con el artículo 39.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, señale en cuál de estos supuestos se puede otorgar eficacia retroactiva a los actos administrativos:

a) En cualquier caso, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. b) Cuando se dicten en sustitución de actos nulos, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. c) Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que los supuestos de hecho necesarios existieran ya en la fecha a que se retrotraiga la eficacia del acto y ésta no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas. d) Cuando se dicten en sustitución de actos anulados por un acto administrativo dictado por un órgano jerárquico superior.

12.- Conforme al artículo 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, indique cuál de las siguientes opciones, es un derecho del interesado en el procedimiento administrativo:

a) A no presentar documentos exigidos por las normas aplicables al procedimiento que ya se encuentren en poder de las administraciones, salvo que hayan transcurrido más de cinco años desde su presentación. b) A formular alegaciones, utilizar los medios de defensa admitidos por el Ordenamiento Jurídico, y a aportar documentos, solo durante el trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. c) A identificar a las autoridades y al personal al servicio de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos. d) A no presentar documentos originales salvo que, debido a la naturaleza del procedimiento administrativo así lo disponga el órgano administrativo competente para resolver.

13.- De conformidad con el artículo 81.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el caso de reclamaciones en materia de responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia:

a) Será preceptivo el informe del Consejo de Estado y el plazo para dictar resolución quedará suspendido por un tiempo que no puede exceder de un mes entre la solicitud del informe y su recepción. b) Cuando las indemnizaciones reclamadas sean de cuantía superior a 40.000 euros, será preceptivo solicitar dictamen del Consejo de Estado o, en su caso, del órgano consultivo de la Comunidad Autónoma. c) El órgano instructor, en el plazo de quince días a contar desde la finalización del trámite de audiencia, remitirá al órgano competente para solicitar el dictamen una propuesta de resolución. d) Será preceptivo el informe del Consejo General del Poder Judicial que será evacuado en el plazo máximo de dos meses.

14.- En relación con el principio de proporcionalidad, el artículo 29.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, indica que:

a) Cuando lo justifique la debida adecuación entre la sanción que debe aplicarse con la gravedad del hecho constitutivo de infracción, el instructor impondrá la infracción en grado superior. b) No podrá ser sancionable como infracción continuada, la realización de una pluralidad de acciones que infrinjan el mismo precepto administrativo. c) El establecimiento de sanciones pecuniarias deberá prever que la comisión de las infracciones tipificadas resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas. d) Cuando de la comisión de una infracción derive necesariamente la comisión de otra u otras, se deberá imponer únicamente la sanción correspondiente a la infracción más grave cometida.

15.- Según el artículo 194.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se exigirá al contratista la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados:

a) En el supuesto de cumplimiento parcial. b) No se puede exigir indemnización por daños y perjuicios. c) Cuando la penalidad esté prevista y cubra los daños causados a la Administración. d) En los supuestos de incumplimiento parcial, defectuoso o con demora en la ejecución del contrato, cuando la penalidad no esté prevista o no cubra los daños causados a la Administración.

16.- La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, define en su artículo 6.2 la discriminación indirecta por razón de sexo como aquella:

a) Situación en que se encuentra una persona que sea, haya sido o pudiera ser tratada, en atención a su sexo, de manera menos favorable que otra en situación comparable. b) Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, en cualquier caso. c) Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse objetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados. d) Situación en que una disposición, criterio o práctica aparentemente neutros pone a personas de un sexo en desventaja particular con respecto a personas del otro, salvo que dicha disposición, criterio o práctica puedan justificarse subjetivamente en atención a una finalidad legítima y que los medios para alcanzar dicha finalidad sean necesarios y adecuados.

17.- El artículo 31.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece la siguiente regla para el funcionamiento del registro electrónico:

a) Permitirá la presentación de documentos solo los días hábiles del año, pero durante sus veinticuatro horas. b) La presentación en un día inhábil se entenderá realizada en ese mismo momento. c) Los documentos se considerarán presentados por el orden de hora efectiva en el que lo fueron en el día inhábil. Los documentos presentados en el día inhábil se reputarán anteriores, según el mismo orden, a los que lo fueran el primer día hábil posterior. d) No será necesario comunicar a quien presentó el documento, la fecha y hora efectiva de inicio del cómputo de plazos que hayan de cumplir las Administraciones Públicas.

18.- Conforme al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el interesado tendrá derecho a:

a) Oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le conciernan, incluida la elaboración de perfiles en la medida en que esté relacionada con la citada mercadotecnia. b) No ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles, que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar. c) Recibir los datos personales que le incumban, que haya facilitado a un responsable del tratamiento, en un formato estructurado, de uso común y lectura mecánica, y a transmitirlos a otro responsable del tratamiento sin que lo impida el responsable al que se los hubiera facilitado. d) A obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan.

19.- Conforme al artículo 14 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, los empleados públicos, tienen uno de los siguientes derechos de carácter individual:

a) A la movilidad en la condición de funcionario de carrera. b) A la formación continua y a la actualización permanente de sus conocimientos y capacidades profesionales, preferentemente fuera del horario laboral. c) A recibir protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. d) A la progresión en la carrera profesional y promoción interna según principios de igualdad, mérito y capacidad mediante la implantación de sistemas subjetivos de evaluación.

20.- El artículo 10.2 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, establece que se considerarán regímenes especiales, los que encuadren a los grupos siguientes:

a) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, trabajadores del mar, funcionarios públicos, civiles y militares y estudiantes, y los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. b) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, servicio del hogar familiar, trabajadores del mar, funcionarios públicos, civiles y militares y estudiantes. c) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, servicio del hogar familiar, trabajadores del mar, funcionarios públicos, civiles y militares, y los demás grupos que determine el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. d) Trabajadores por cuenta propia o autónomos, trabajadores agrarios, trabajadores del mar, funcionarios públicos, civiles y militares y estudiantes.

21.- En virtud del artículo 54.1 del Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, el derecho al percibo de las prestaciones a tanto alzado y por una sola vez:

a) Caducará a los cinco años, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento. b) Podrá ser en pagos periódicos, si así lo solicita el trabajador, con un límite máximo de dos años, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento. c) Caducará al año, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento. d) Podrá ser en pagos periódicos, si así lo solicita el trabajador, con un límite máximo de cinco años, a contar desde el día siguiente al de haber sido notificada en forma al interesado su reconocimiento.

22.- De conformidad con el artículo 25 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, tendrán la consideración de contratos administrativos siempre que se celebren con una Administración Pública:

a) Los contratos de obra, concesión de obra, concesión de servicios, suministro y servicios. b) Los contratos de servicios que tengan por objeto servicios financieros con número de referencia CPV de 66100000-1 a 66720000-3 y los que tengan por objeto la creación e interpretación artística y literaria y los de espectáculos con número de referencia CPV de 79995000-5 a 79995200-7, y de 92000000-1 a 92700000-8, excepto 92230000-2, 92231000-9 y 92232000-6. c) Aquellos cuyo objeto sea la suscripción a revistas, publicaciones periódicas y bases de datos. d) Los celebrados por entidades del sector público que no reúnan la condición de poder adjudicador.

23.- El artículo 50.3 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, establece en relación con las vacaciones de los funcionarios públicos que:

a) Tendrán derecho a disfrutar, durante cada año natural, de unas vacaciones retribuidas de veintidós días naturales, o de los días que correspondan proporcionalmente si el tiempo de servicio durante el año fue menor. b) A estos efectos, se considerarán como días hábiles los sábados, sin perjuicio de las adaptaciones que se establezcan para los horarios especiales. c) Cuando las situaciones de permiso de maternidad, incapacidad temporal, riesgo durante la lactancia o riesgo durante el embarazo impidan iniciar el disfrute de las vacaciones dentro del año natural al que correspondan, o una vez iniciado el periodo vacacional sobreviniera una de dichas situaciones, el periodo vacacional se podrá disfrutar aunque haya terminado el año natural a que correspondan y siempre que no hayan transcurrido más de doce meses a partir del final del año en que se hayan originado. d) En los casos de conclusión de la relación de servicios de los funcionarios públicos por causas ajenas a la voluntad de estos, tendrán derecho a solicitar el abono de una compensación económica por las vacaciones devengadas y no disfrutadas; y en particular, en los casos de jubilación por incapacidad permanente o por fallecimiento, hasta un máximo de dieciocho meses.