Examen administrativo Madrid 2024 (extraordinario)

1. Señale cuál NO es una institución de la Unión Europea, recogida en el artículo 13 del tratado de la Unión:

A. El Comité Europeo de las Regiones. B. El Parlamento Europeo. C. La Comisión Europea. D. Todas lo son.

2. De conformidad con lo dispuesto en el art. 55 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, los delegados del gobierno en las comunidades autónomas y los subdelegados del gobierno en las provincias:

A. Son órganos directivos; tendrán los delegados del gobierno rango de Subsecretario y los subdelegados del gobierno nivel de Subdirector general. B. Son órganos directivos; tendrán los delegados del gobierno rango de Secretario y los subdelegados del gobierno nivel de Director general. C. Son órganos superiores; tendrán los delegados del gobierno rango de Subsecretario y los subdelegados del gobierno nivel de Subdirector general. D. Son órganos superiores; tendrán los delegados del gobierno rango de Secretario y los subdelegados del gobierno nivel de Director general.

3. Durante el estado de excepción, se podrá suspender los siguientes derechos. Señale la incorrecta:

A. Derecho de reunión. B. Derecho de huelga. C. Derecho de sindicación. D. Derecho a la libertad y seguridad.

4. Señale la respuesta incorrecta, a tenor de lo dispuesto EN EL CAPITULO SEGUNDO DEL TITULO VIII DE LA CE ESPAÑOLA DE 1978:

A. Son Entidades locales las Comunidades Autónomas y los Municipios. B. Son Entidades locales la Provincia y el Municipio. C. Son Entidades locales la Isla y la Provincia. D. La Diputación es el órgano de Gobierno de la Provincia.

5. Señale la respuesta incorrecta, respecto del contrato fijo-discontinuo:

A. El contrato por tiempo indefinido fijo-discontinuo se concertará para la realización de trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, o para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados. B. No podrá celebrarse un contrato fijo-discontinuo entre una empresa de trabajo temporal y una persona contratada para ser cedida, en los términos previstos en el artículo 10.3 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. C. El contrato fijo-discontinuo podrá concertarse para el desarrollo de trabajos consistentes en la prestación de servicios en el marco de la ejecución de contratas mercantiles o administrativas que, siendo previsibles, formen parte de la actividad ordinaria de la empresa. D. El contrato de trabajo fijo-discontinuo, se deberá formalizar necesariamente por escrito y deberá reflejar los elementos esenciales de la actividad laboral, entre otros, la duración del periodo de actividad, la jornada y su distribución horaria, si bien estos últimos podrán figurar con carácter estimado, sin perjuicio de su concreción en el momento del llamamiento.

6. En base a lo establecido en el artículo 90 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

A. El funcionario declarado en la situación de suspensión quedará privado durante el tiempo de permanencia en la misma del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a la condición. La suspensión determinará la pérdida del puesto de trabajo cuando exceda de 3 meses. B. El funcionario declarado en la situación de suspensión de funciones podrá prestar servicios exclusivamente en entidades de derecho público dependientes o vinculadas a las Administraciones Públicas durante el tiempo de cumplimiento de la pena o sanción. C. Podrá acordarse la suspensión de funciones con carácter provisional con ocasión de la tramitación de un procedimiento judicial o expediente disciplinario, en los términos establecidos en este Estatuto. D. El artículo en cuestión, no contiene referencia alguna a la suspensión de funciones, esta se encuentra regulada en el artículo 101 del testo legal citado.

7. En base a lo establecido en el artículo 89 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público:

A. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular no devengarán retribuciones, pero sí les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos y trienios. B. Los funcionarios de carrera tendrán derecho a un período de excedencia de duración no superior a 3 años para atender al cuidado de cada hijo, tanto cuando lo sea por naturaleza como por adopción. C. Las funcionarias víctimas de violencia de género, para hacer efectiva su protección o su derecho a la asistencia social integral, tendrán derecho a solicitar la situación de excedencia, siempre que hubieran prestado como mínimo 1 año de servicios previos. D. Quienes se encuentren en situación de excedencia por interés particular les será computable el tiempo que permanezcan en tal situación a efectos de ascensos, trienios y consolidación de grado personal.

8. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los trámites que deban ser cumplimentados por los interesados deberán realizarse en un plazo de:

A. En el plazo de 7 días a partir del día siguiente a la notificación del acto. B. En el plazo de 15 días a partir del día siguiente a la notificación del acto. C. En el plazo de 10 días a partir del día siguiente a la notificación del acto. D. En el plazo de 8 días a partir del día siguiente a la notificación del acto.

9. Según el art. 53.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, los interesados en un procedimiento administrativo, tienen los siguientes derechos:

A. A conocer en el plazo de 30 días el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados. B. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos, aunque no tengan la condición de interesado. C. A conocer, en cualquier momento, el estado de la tramitación de los procedimientos en los que tengan condición de interesado. D. A ser notificado de los hechos que se le imputan, pero no de las infracciones que tales hechos puedan constituir.

10. Según el artículo 71.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el procedimiento sometido al principio de celeridad, se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de:

A. Eficacia y publicidad. B. Eficacia y transparencia. C. Unidad y celeridad. D. Transparencia y publicidad.

11. De acuerdo a la Constitución Española, en qué plazo sancionará el Rey las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación:

A. 30 días. B. 10 días. C. 15 días. D. 5 días.

12. Según el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, cuál de las siguientes afirmaciones es falsa:

A. El reglamento tendrá un alcance general. B. El reglamento obligará al Estado miembro destinatario en cuanto al resultado que deba conseguirse, dejando, sin embargo, a las autoridades nacionales la elección de la forma y de los medios. C. El reglamento será obligatorio en todos sus elementos. D. El reglamento será directamente aplicable en cada Estado miembro.

13. ¿Cuál de los siguientes actos de las Administraciones Públicas no es nulo de pleno derecho?:

A. Los que lesionen los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional. B. Los que sean constitutivos de infracción penal o se dicten como consecuencia de ésta. C. Los dictados por órgano manifiestamente competente por razón de la materia o del territorio. D. Los que tengan un contenido imposible.

14. Las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior, las que regulen materias reservadas a la Ley, y las que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, serán:

A. Nulas de pleno derecho. B. Anulables. C. Revocables. D. Derogadas.

15. Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 13 de la ley 9/2017 de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A. Se considera obra completa, la susceptible de ser entregada al uso general o al servicio correspondiente, aunque no comprenda todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la utilización de la misma. B. Podrán contratarse obras definidas mediante proyectos independientes relativos a cada una de las partes de una obra completa, siempre que estas sean susceptibles de utilización independiente, en el sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente definidas y preceda autorización administrativa del órgano de contratación que funde la conveniencia de la referida contratación. C. La concesión de obras es un contrato que tiene por objeto la realización por el concesionario de algunas de las prestaciones que constituyen el objeto típico del contrato de obras , incluidas las de restauración y reparación de construcciones existentes, así como la conservación y mantenimiento de los elementos construidos, y en el que la contraprestación a favor de aquel consiste, o bien únicamente en el derecho a explotar la obra en el sentido del apartado cuarto siguiente, o bien en dicho derecho acompañado del de percibir un precio. D. Ninguna de las anteriores.

16. Los contratos administrativos se regirán:

A. En cuanto a su preparación, adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley de contratos del sector Público y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de derecho privado. B. En cuanto a su adjudicación, efectos, modificación y extinción, por la Ley de contratos del sector Público y sus disposiciones de desarrollo; supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo especial y en su defecto, las normas de derecho privado. C. En cuanto a su adjudicación, efectos, rescisión y extinción, exclusivamente por la Ley de contratos del sector Público y sus disposiciones de desarrollo. D. A y C son correctas.

17. El Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, en el Capítulo Primero, del Título primero dispone:

A. El sistema de Seguridad Social configurado por la acción protectora se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. B. El sistema de Seguridad Social configurado por el régimen general y los especiales se fundamente en los principios de universalidad, unidad, solidaridad e igualdad. C. El sistema de Seguridad Social configurado por la acción protectora se fundamente en los principios de sostenibilidad, unidad, igualdad y progresividad. D. El sistema de Seguridad Social configurado por la acción protectora universal se rige por los principios de sostenibilidad, pago y solidaridad.

18. Según el Capítulo III de la Ley General de la Seguridad (SEÑALE LA INCORRECTA):

A. Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social y por los conceptos que se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. B. Las bases de cotización a la Seguridad Social, en cada uno de sus regímenes, tendrán como tope máximo las cuantías fijadas para cada año por la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado y como tope mínimo las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. C. Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, excluidos los conceptos que se recauden conjuntamente con las cuotas de la Seguridad Social serán los que establezca cada año la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. D. A y B son correctas.

19. Respecto a los aplazamientos de pago, es falso a tenor del artículo 23 de la Ley General de la Seguridad Social:

A. La Tesorería General de la Seguridad Social, a solicitud del deudor y en los términos y con las condiciones que reglamentariamente se establezcan, podrá conceder aplazamiento del pago de las deudas con la Seguridad Social, que suspenderá el procedimiento recaudatorio que se establece en esta ley. B. El aplazamiento no podrá comprender las cuotas correspondientes a la aportación de los trabajadores y a las contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional. La eficacia de la resolución administrativa de concesión quedará supeditada al ingreso de las que pudieran adeudarse en el plazo máximo de un mes desde su notificación. C. El aplazamiento comprenderá el principal de la deuda y, en su caso, los recargos, intereses y costas del procedimiento que fueran exigibles en la fecha de solicitud, sin que a partir de la concesión puedan considerarse exigibles otros, a salvo de lo que se dispone para el caso de incumplimiento. D. En caso de incumplimiento de cualquiera de las condiciones o pagos del aplazamiento, no se proseguirá, sin más trámite, el procedimiento de apremio que se hubiera iniciado antes de la concesión.

20. El sistema de seguridad social reconoce pensión por:

A. Jubilación. B. Incapacidad permanente parcial. C. Lesiones Permanentes. D. Reconoce pensión por todas las situaciones anteriores.

21. A efectos del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, se entenderá por datos personales:

A. Toda información sobre una persona física identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. B. Toda información sobre una persona jurídica identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. C. Toda información sobre una persona física o jurídica identificada o identificable («el interesado»); se considerará persona física identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o indirectamente, en particular mediante un identificador, como por ejemplo un nombre, un número de identificación, datos de localización, un identificador en línea o uno o varios elementos propios de la identidad física, fisiológica, genética, psíquica, económica, cultural o social de dicha persona. D. Toda información relevante sobre un sujeto de derecho activo o pasivo que desarrolle su actividad en el seno del territorio de la Unión Europea.

22. A efectos del REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de abril de 2016, se entenderá por elaboración de perfiles:

A. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física. B. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de una persona jurídica, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona jurídica. C. Toda forma de tratamiento automatizado de datos personales consistente en utilizar datos personales para evaluar determinados aspectos personales de un operador jurídico, en particular para analizar o predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias personales, intereses, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicho operador jurídico. D. La utilización de metadatos indexados de manera aleatoria en un algoritmo automatizado que permite obtención de información relevante sobre determinados patrones de comportamiento.

23. De acuerdo con el artículo sexto de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

A. Cuando se pretenda fundar el tratamiento de los datos en el consentimiento del afectado para una pluralidad de finalidades será preciso que conste de manera específica e inequívoca que dicho consentimiento se otorga para todas ellas. B. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. C. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con el mantenimiento, desarrollo o control de la relación contractual. D. Todas son correctas.

24. De acuerdo con el artículo treinta y cuatro de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, NO deberán de designar delegados de protección de datos:

A. Los colegios profesionales y sus consejos generales. B. Los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas. C. Las entidades que exploten redes y presten servicios de comunicaciones electrónicas conforme a lo dispuesto en su legislación específica, cuando traten habitual y sistemáticamente datos personales a gran escala. D. Las federaciones deportivas cuando traten datos de mayores de edad.

25. El orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá, de conformidad con el artículo segundo la ley reguladora, de las cuestiones que se susciten en relación con:

A. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. B. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que derive, exclusivamente del ejercicio de potestades administrativas no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. C. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, que derive, únicamente de relaciones administrativas no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad. D. Ninguna de las anteriores.